En repetidas ocasiones este periódico, siempre atento a los problemas que afectan los intereses de los ciudadanos, ha hecho llegar a las autoridades el clamor popular por un mejoramiento de las condiciones que tienen relación directa con la salud pública y, por lo tanto, con el progreso general del país.
La Constitución política que rige nuestros destinos establece claramente el derecho legítimo de los ciudadanos de aspirar a un bienestar físico y moral. Esto implica un mandato fundamental que impone a las autoridades el deber de velar celosamente por este derecho. Por desgracia, con demasiada frecuencia puede observar el alarmado público la negligencia con que las autoridades gubernamentales y municipales cumplen con sus obligaciones de proveer al país de un adecuado sistema de salud pública y sanidad. El problema que enfrentarnos en este sentido es por cierto complejo y para su solución no existen medidas fáciles.
Pero este hecho no puede servir de pretexto a quienes se valen de él para evadir la responsabilidad que les corresponde en la promoción del bienestar general.
Los círculos médicos y sanitarios han analizado en foros públicos y profesionales los diversos aspectos del problema y han dado a las autoridades una pauta de acción. El Congreso Inter-Americano de Salubridad recientemente celebrado, al que nuestro país envió tan numerosa como distinguida delegación, puntualizó con claridad meridiana las fases en que debe proceder un ataque coordinado y sistemático que elimine definitivamente las deficiencias sanitarias que aún aquejan a vastas regiones del continente. Corresponde, por lo tanto, a nuestro país implementar con una acción efectiva las ponencias adaptadas en dicho Congreso en lo que se refiere al mejoramiento de las pobres condiciones imperantes en la nación. Sería doloroso que, ante el progresista concierto de naciones latinoamericanas, figurara Surlandia a la zaga en esta marcha hacia un futuro mejor.
El problema que a primera vista aparece como el más agudo es la notoria falta de hospitales. El rápido crecimiento de la población y las nuevas técnicas de combatir enfermedades hasta hace poco consideradas incurables, hacen resaltar la urgencia de solucionar esta alarmante deficiencia. Día a día puede observarse, en los escasos hospitales de que dispone el país, la inhumana, aunque a veces necesaria práctica, de rechazar a enfermos graves. Es inhumana porque nuestra condición de gente cristiana y civilizada nos impone cuidar del doliente con todos los medios que la técnica moderna ha puesto a nuestro alcance. Es dolorosamente necesaria porque los medios físicos disponibles son insuficientes. Un mejoramiento en esta grave situación, dadas las condiciones económicas del país, no puede llevarse a cabo sin la ayuda estatal y municipal, pero le toca al gobierno federal dictar las leyes correspondientes que tiendan a aliviar la tarea de nuestra abnegada profesión médica. Se debe, por lo tanto, liberar de derechos de aduana a todos los elementos técnicos y otros materiales que entren en el país destinados a la construcción y aprovisionamiento de hospitales, como igualmente revisar y dar nuevo impulso a la política de construcción de hospitales en gran escala. Corresponde a las municipalidades fomentar la creación de centros de atención médica para las personas de escasos recursos económicos.
El problema no se reduce, sin embargo, a solucionar la situación arriba descrita. Con la creación de un número mayor de hospitales sólo se remedia en cierta medida su aspecto más inmediato. Todos sabemos de la existencia de algunas enfermedades endémicas que aquejan a nuestra población. Estos males son causa de una alta tasa de mortalidad infantil, del corto promedio de vida de nuestro pueblo y de una considerable succión de sus energías físicas. Es por esto que un mejoramiento efectivo de la salud pública debe por fuerza contemplar un plan racional de medicina preventiva. El proyecto de ley elaborado por eminentes representantes del cuerpo médico del país y del cual nos hemos hecho eco en repetidas ocasiones desde su incepción, debiera ser rápidamente adaptado por nuestros legisladores. Este proyecto encomioso está destinado a eliminar las fuentes de contagio, mediante, entre otras cosas, el mejoramiento del sistema de alcantarillado, la purificación del agua potable, el efectivo control sanitario de establecimientos públicos y comerciales y la atención pre y postnatal tanto de la madre como del niño.
No es posible esperar, lo sabemos, resultados espectaculares a corto plazo. Es ésta una tarea ardua cuyos frutos cosechará nuestro pueblo al cabo de algunos años. Sin embargo, la experiencia recogida por los países más avanzados del continente ha demostrado la enorme efectividad de los programas médicopreventivos puestos en marcha hace quince o veinte años; enfermedades tales como la malaria, la fiebre amarilla, el tifus y la tuberculosis han dejado de ser la crónica amenaza que succionaba las mejores
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